En 2014, le dio la vuelta al mundo la noticia de una mujer británica que descubrió una nota de auxilio escondida en unos pantalones de una marca de fast fashion (comprados en 2011) que denunciaba las condiciones de trabajo forzado en una fábrica dentro de una prisión china, "Pedimos a la comunidad internacional denunciar a China por este acto inhumano” decía el mensaje.
A más de seis años de este insólito suceso, la esclavitud moderna en la República Popular China es un tema preocupante en materia de Derechos Humanos, especialmente con la urgente situación de los uiugures, una minoría étnica musulmán de la región oeste de Sinkiang, que son recluidos en campos de detención o “reeducación”, donde trabajan para la industria de la moda.
En Sinkiang, los uiugures son enviados a estos campos masivos destinados a cambiar su pensamiento político, sus identidades, sus creencias religiosas y su idioma, y son sometidos a trabajos forzados. Algunas instalaciones mantienen a los presos día y noche, mientras que otras los liberan de noche para regresar a sus casas, pero con cuidadores asignados y libertad limitada.
Se descubrió en 2018 que muchas marcas estaban supuestamente implicadas en el trabajo forzado de las fábricas de Sinkiang y ni siquiera lo sabían; porque la mayoría no son dueñas de sus propias fábricas y tienen una cadena de producción muy compleja, con un proveedor diferente para cada elemento de las prendas, por lo que resultaba casi imposible rastrear su proveniencia.
Desde entonces, muchas de estas marcas han declarado la transparencia de su cadena de suministro, descartando cualquier relación directa con los campos de detención, sin embargo, reconocen que casi una quinta parte del algodón del mundo (la fibra más empleada) es cultivada e hilada en la región, y que muchas veces es mezclado con otros materiales para borrar su origen.
